Los concertados y privados: stop LOMLOE

Los concertados y privados: stop LOMLOE

Cuando la ministra Celaá afirmaba hace unos meses que los hijos no son de sus padres, anunciaba lo que estaba por venir. Si los hijos no son de sus padres, ¿de quién son? La pregunta encuentra su respuesta en la LOMLOE o Ley Celaá que el gobierno de Sánchez e Iglesias quieren aprobar a toda costa.

Por primera vez en la historia de la democracia, la ministra ha expulsado a la comunidad educativa de la tramitación de la nueva Ley. Y tiene sentido porque:

–    La Ley Celaá impone el poder del Estado -al que otorga un poder omnímodo- como primer educador de nuestros hijos, sobre los derechos de las familias.

–    Elimina la demanda social y acaba con la libertad de las familias. Ya no serán éstas, sino el Estado quien asigne el colegio de nuestros hijos.

–    Con este fin, se inventa un derecho a la Educación Pública y lo enfrenta a la enseñanza concertada. Hasta ahora, ambas habían sido complementarias.

–    Con su ataque frontal -sin precedentes- contra la concertada, en su mayoría católica, amenaza la supervivencia de miles de centros y puestos de trabajo.  

–    Desarticula la Educación Especial. El clamor de miles de familias no ha impedido que los centros que enseñan a sus hijos discapacitados puedan desaparecer en breve.

–    Culmina el asedio que inició Zapatero contra la asignatura de religión que, a partir de ahora, no será ni evaluable ni computable.

–    Impone la asignatura Educación y Valores Cívicos y Éticos, configurada a la imagen del Gobierno, y cuyo fin no es otro que el de adoctrinar a nuestros hijos.

DI STOP A LA LEY CELAÁ

En definitiva, la Ley Celaá, una ley liberticida y dictatorial que no encuentra paralelismo en Europa, constituye un asalto frontal contra la libertad, la pluralidad y la democracia. Sus consecuencias asustan:

–     4 millones de familias serán privadas de su derecho constitucional a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos.

–     Más de 9.300 centros de la red concertada y privada ven peligrar la continuidad de sus proyectos educativos.

–     Más de 260.000 profesionales, docentes y no docentes podrían perder sus puestos de trabajo

–     Más de 3 millones de alumnos que eligen voluntariamente, en centros de titularidad pública y privada, la asignatura de religión, ven cómo ésta queda relegada al último plano.

 

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